Registro de Centros y Entidades de Formación para el Empleo del Principado de Asturias

En el BOPA de 10 de marzo de 2011 se ha publicado la Resolución de 16 de febrero de 2011, de la Consejería de Industria y Empleo, por el que se crea el Registro de Centros y Entidades de Formación para el Empleo del Principado de Asturias, se regula su organización y funcionamiento, así como el procedimiento para la inscripción o acreditación de los centros y entidades que impartan formación profesional para el empleo, en materia de formación de oferta, en el ámbito del Principado de Asturias.

Es de lectura y análisis recomendado en relación con el resto de la legislación reguladora de la formación para el empleo y concretamente conforme con el Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, que en su artículo 9, dice que podrán impartir formación profesional para el empleo:

1º. Las Administraciones Públicas competentes en materia de formación profesional para el empleo, a través de sus centros propios o mediante convenios con entidades o empresas públicas que puedan impartir la formación.

Son centros propios:

- Los Centros de Referencia Nacional, especializados por sectores productivos, según el mapa sectorial que se defina y las Familias Profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Estos Centros llevarán a cabo acciones de carácter experimental e innovador en materia de formación profesional, en las condiciones que se disponga en la norma que regule los requisitos de estos Centros.

-Los Centros Integrados de Formación Profesional de titularidad pública. Estos Centros impartirán al menos las ofertas formativas referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, que conduzcan a la obtención de títulos de formación profesional y certificados de profesionalidad.

- Los demás centros de la Administración Pública que cuenten con instalaciones y equipamientos adecuados para impartir formación profesional para el empleo.

2º. Las Organizaciones empresariales y sindicales, y otras entidades beneficiarias de los planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados. Estas organizaciones impartirán la formación por sí mismas o a través de los centros y entidades contemplados en sus propios programas formativos. Cuando se trate de centros o entidades de formación deberán estar acreditados o inscritos, según los casos.

3º. Las empresas que desarrollen acciones formativas para sus trabajadores o para desempleados con compromiso de contratación, que podrán hacerlo a través de sus propios medios, siempre que cuenten con el equipamiento adecuado para este fin, o a través de contrataciones externas.

4º. Los Centros Integrados de Formación Profesional de titularidad privada, y los demás centros o entidades de formación, públicos o privados, acreditados por las Administraciones competentes para impartir formación dirigida a la obtención de certificados de profesionalidad. Estos centros deberán reunir los requisitos especificados en los reales decretos que regulan los certificados de profesionalidad correspondientes a la formación que se imparta en ellos. Además deberán de cumplir los requisitos específicos que establezcan las Administraciones públicas en el ámbito de sus competencias.

5º. Los centros o entidades de formación que impartan formación no dirigida a la obtención de certificados de profesionalidad, siempre que se hallen inscritos en el Registro que establezca la Administración competente. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales podrá establecer criterios mínimos para dicha inscripción. Las Comunidades Autónomas podrán crear un Registro donde se inscribirán los centros y entidades que impartan formación profesional para el empleo en sus respectivos territorios.

Existirá un Registro estatal de centros y entidades de formación, que mantendrá permanentemente actualizado el Servicio Público de Empleo Estatal, en el marco del Sistema Nacional de Empleo.

Este Registro, de carácter público, estará coordinado con los Registros Autonómicos a través del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo previsto en el artículo 7.2.c) de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo. Los centros y entidades de formación deberán someterse a los controles y auditorías de calidad que establezcan las Administraciones competentes. Los resultados de los controles podrán incorporarse a los Registros de entidades de formación y auditorías de calidad que establezcan las Administraciones competentes. Los resultados de los controles podrán incorporarse a los Registros de entidades de formación

Esta regulación del registro autonómico puede cambiar totalmente el sistema de centros colaboradores hoy vigentes; en todo caso creo que están lejos de haber sido analizadas todas las consecuencias que de él se desprenden para la actual dinámica de entidades vinculadas con la formación para el empleo en Asturias.

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